La jueza mantuvo la prisión preventiva justificada y otorgó tres meses para continuar las investigaciones; el caso surgió tras detectar más de 300 plazas presuntamente irregulares en el sistema educativo estatal
La jueza mantuvo la prisión preventiva justificada y otorgó tres meses para continuar las investigaciones; el caso surgió tras detectar más de 300 plazas presuntamente irregulares en el sistema educativo estatal