El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, enfrentará este martes una audiencia decisiva en Quintana Roo, que dará paso a una sentencia condenatoria o absolutoria por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, ocurrida hace más de 20 años.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica advirtió que la resolución determinará si uno de los señalados como autores intelectuales de las agresiones contra la periodista enfrenta consecuencias penales, después de dos décadas de procesos judiciales, liberaciones y resoluciones que han impedido alcanzar una justicia integral.
En un comunicado conjunto con Lydia Cacho, periodistas, medios y organizaciones civiles, Artículo 19 llamó a que la audiencia se desarrolle con independencia e imparcialidad, y que la resolución se apegue a los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y los derechos humanos.
El organismo sostuvo que el caso representa una prueba para el sistema de justicia mexicano, pues está en juego la posibilidad de sancionar a quienes ejercen el poder político y privado por agresiones cometidas contra periodistas.
El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Cancún y trasladada por tierra a Puebla durante un recorrido de más de 20 horas, en el que sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual, así como tortura física y psicológica. Las agresiones ocurrieron como represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y autoridades mexicanas.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó que el Estado mexicano violó los derechos de la periodista y exigió reparar el daño, investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Aunque el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública en 2019, la periodista continúa en el exilio, luego de que ese mismo año sujetos armados allanaron su domicilio, envenenaron a sus mascotas y sustrajeron material periodístico sensible.
Lydia Cacho sigue recibiendo amenazas
Artículo 19 señaló que Cacho sigue recibiendo amenazas por medios digitales y carece de garantías para ejercer su profesión y regresar a México en condiciones de seguridad.
Recordó que el proceso judicial ha enfrentado diversos retrocesos. El 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo al empresario Kamel Nacif Borge que lo liberó de responsabilidad por tortura, resolución que provocó denuncias de presunta corrupción.
En julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había sido elevada en apelación a siete años y seis meses de prisión.
También señaló que Hugo Karam Beltrán, procesado por su probable participación en el delito de tortura, salió de prisión en agosto de 2024 mediante un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo. Su liberación no significó una absolución y el proceso continúa pendiente.
El caso más reciente ocurrió el 14 de octubre de 2026, cuando el excomandante Alejandro Rocha Laureano quedó en libertad después de que se consideró cumplida su condena de cinco años y seis meses de prisión, debido al tiempo que permaneció encarcelado desde 2018.
Precisó que su liberación obedeció al cumplimiento de la pena y no a una declaración de inocencia, pero consideró que evidencia la imposición de sanciones reducidas frente a la gravedad de los delitos cometidos contra la periodista.
A más de dos décadas de los hechos, la organización sostuvo que la justicia no debe limitarse a los responsables materiales, sino alcanzar también a quienes ordenaron, protegieron o encubrieron las agresiones.
Por ello, pidió que la audiencia contra Mario Marín se conduzca con estricto apego al debido proceso y que, en caso de acreditarse su responsabilidad, se imponga una sanción proporcional a la gravedad de los hechos.
Recordó que la Convención contra la Tortura, de la que México forma parte, establece que los Estados deben castigar estos delitos con penas que tengan en cuenta su gravedad.
Asimismo, exigió medidas efectivas de protección, garantías de no repetición y condiciones para el regreso seguro y digno de Lydia Cacho.
La periodista y su familia cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009.
Artículo 19 convocó a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a dar seguimiento público a la audiencia de este martes, al considerar que su resultado será determinante para el combate a la impunidad en los casos de violencia contra periodistas en México.
Artículo 19 exige justicia en audiencia contra Mario Marín
