Hilda Salazar reportó 2 mil 438 personas servidoras públicas sancionadas durante el último año y planteó al Congreso ampliar las atribuciones de la dependencia.
Toluca / Estado de México
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México pidió al Congreso local ampliar sus facultades para sancionar faltas administrativas graves, luego de que durante el último año impuso 2 mil 438 sanciones a personas servidoras públicas. Actualmente, la dependencia sólo puede resolver directamente conductas consideradas no graves y debe turnar los demás casos al Tribunal de Justicia Administrativa.
Hilda Salazar Gil, titular de la dependencia, hizo la solicitud durante su comparecencia ante el pleno del Congreso mexiquense por la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, ejercicio en el que legisladores de las siete bancadas cuestionaron los resultados de auditorías, denuncias, contrataciones públicas, programas sociales y mecanismos para prevenir actos de corrupción.
De acuerdo con las cifras presentadas, las sanciones aplicadas durante el periodo se distribuyeron en mil 365 amonestaciones, 470 suspensiones temporales, 12 destituciones y 591 inhabilitaciones.
Del total de personas sancionadas, 2 mil 195 correspondieron a personal operativo, 219 a mandos medios y 24 a cargos de nivel superior.
“Durante este periodo que se informa se han sancionado a 2 mil 438 personas servidoras públicas por incumplir con sus obligaciones administrativas, se reportaron mil 365 amonestaciones, 470 suspensiones temporales y hasta 30 días, 12 destituciones y 591 inhabilitaciones”.
Contraloría reporta casi mil 200 auditorías
La secretaria explicó que la principal causa de sanción fue el incumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales, con 2 mil 150 casos. Además, se registraron 61 sanciones por incumplimiento de funciones encomendadas, 85 relacionadas con instrucciones superiores y 142 por incumplimiento de disposiciones legales o administrativas.
En materia de fiscalización, la Contraloría realizó cerca de mil 200 auditorías financieras, administrativas, de obra pública, integrales y de desempeño, de las cuales derivaron 2 mil 831 observaciones.
De estas, mil 113 estuvieron relacionadas con posibles irregularidades administrativas; 497 fueron aclaradas y 616 se remitieron a investigación.
La dependencia también practicó 135 auditorías específicamente a obra pública, que generaron 263 observaciones, de las cuales 202 estuvieron relacionadas con posibles faltas administrativas.
Además, realizó 78 inspecciones mediante el laboratorio de verificación de materiales y detectó incumplimientos en tres obras respecto de las condiciones contratadas.
Salazar Gil señaló que durante el periodo se reportaron 19 sanciones por faltas no graves y sostuvo que la dependencia requiere mayores atribuciones para actuar ante conductas graves.
“Durante el periodo también se reportan 19 sanciones entre amonestaciones públicas, privadas y suspensiones por faltas no graves, que son las que nos corresponde aplicar a la Contraloría, reiterando, no contamos con dientes suficientes para poder sancionar faltas graves, solicito y pido nos puedan ustedes como legisladores apoyar por darnos estos dientes para tener mejores resultados”.
Transparencia y denuncias concentran cuestionamientos
Otro de los temas que concentró los cuestionamientos fue la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano plantearon dudas sobre la independencia del nuevo modelo, los derechos laborales del personal y la capacidad de la Contraloría para asumir las nuevas responsabilidades.
Salazar Gil sostuvo que Transparencia Mexiquense funcionará como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa conforme a la nueva legislación.
Explicó que desde el 1 de octubre comenzó una etapa de transición, encabezada por una comisión en la que participan las secretarías de Finanzas y Contraloría, así como la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor.
Sobre el personal del extinto Infoem, señaló que la Secretaría de Finanzas deberá designar a la persona liquidadora y determinar los pagos correspondientes, debido a que la Contraloría no cuenta con recursos para liquidar directamente a trabajadores provenientes de un organismo autónomo. No obstante, aseguró que su dependencia vigilará el respeto a sus derechos laborales.
“Lo que nos toca vigilar es que estos trabajadores reciban los derechos que tienen, los derechos laborales que tienen de acuerdo a la ley de los trabajadores del Estado de México, eso es lo que nos corresponde vigilar”.
La secretaria agregó que las solicitudes de información continúan recibiéndose con normalidad, aunque los recursos promovidos por personas inconformes con las respuestas se encuentran temporalmente suspendidos durante la transición.
El nuevo modelo cuenta con un plazo legal de 90 días, periodo que la dependencia busca reducir para evitar la acumulación de expedientes.
En cuanto a denuncias, durante el último año se registraron 21 mil 727, de las cuales 15 mil 453 fueron turnadas a órganos internos de control y 6 mil 274 fueron desechadas por falta de elementos mínimos, improcedencia o imposibilidad de identificar indicios de una posible falta administrativa.
Entre las conductas más reportadas estuvieron abuso de funciones, con 7 mil 525 casos, e incumplimiento de responsabilidades, con 5 mil 289.
Salazar Gil precisó que la presentación de una denuncia no acredita automáticamente una irregularidad y recordó que, cuando las investigaciones identifican posibles delitos, la dependencia da vista a la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, cuando se advierten faltas administrativas graves, los expedientes son enviados al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine las sanciones correspondientes.
Datos
¿Cuántos servidores públicos fueron sancionados en el último año?La Contraloría reportó 2 mil 438 personas servidoras públicas sancionadas, principalmente por incumplimientos relacionados con declaraciones patrimoniales.
¿Por qué la Contraloría pide mayores facultades?Porque actualmente puede sancionar directamente faltas no graves, mientras que los casos considerados graves deben ser enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Cuántas denuncias recibió la Contraloría?Durante el último año se registraron 21 mil 727 denuncias; 15 mil 453 fueron turnadas a órganos internos de control y 6 mil 274 fueron desechadas.
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