El uso de drones por parte de los cárteles de la droga en México se ha diversificado durante la última década, mientras que las autoridades enfrentan dificultades para controlar su venta y combatir su utilización con fines delictivos. Expertos consideran que las reformas aprobadas en 2023 para sancionar estos actos no han logrado frenar el fenómeno.
Los grupos criminales comenzaron a utilizar estas aeronaves para labores de vigilancia y espionaje contra fuerzas de seguridad, pero posteriormente incorporaron explosivos para atacar poblaciones y autoridades. En meses recientes también han recurrido a drones para transportar drogas hacia Estados Unidos.
Especialistas señalaron que los drones de uso comercial pueden ser adquiridos libremente en tiendas y plataformas digitales y posteriormente modificados de manera artesanal. En 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional registró 16 agresiones contra su personal con drones y explosivos improvisados en cinco estados.
En Sinaloa, integrantes de la Chapiza y la Mayiza han incorporado tecnología utilizada en conflictos internacionales, como drones controlados mediante fibra óptica. Expertos plantean que las autoridades deberían regular la venta e importación de equipos y componentes, además de establecer registros para compradores y vendedores.
Los especialistas también identifican el uso de drones para espionaje, ataques y trasiego de drogas en la frontera norte. Señalan que las nuevas tecnologías y el transporte de sustancias sintéticas mediante aeronaves no tripuladas representan un desafío para las autoridades mexicanas, que actualmente carecen de herramientas suficientes para detectarlas e inhibirlas.
México, rebasado para controlar el uso de drones
