México rechaza interpretación de ONU sobre desapariciones

adminlermanews.com22
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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó que México rechaza la “interpretación” del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Rodríguez hizo referencia al posicionamiento en la ONU del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, quien dijo que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” este delito.
Mencionó que ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en la que se abordó la primera aplicación del artículo 34 de la Convención a México, Medina Padilla rechazó “la interpretación”.
“Tan es así que el Gobierno de México ha implementado acciones, como el fortalecimiento de la Comisión de Búsqueda, fiscalías, un mecanismo de identificación humana, así como un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“Además, informó que, a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras medidas, fueron localizadas este año más de 16,000 personas”, escribió.
Ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el gobierno de México aseguró que “el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”.
Al señalar que en el pasado la desaparición forzada “se ordenaba desde las altas esferas del poder político”, el subsecretario de la Segob reconoció que estos delitos “son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo por autoridades del ámbito municipal”.
El subsecretario Medina reiteró que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional y aseguró que la búsqueda de personas no se detiene.
“Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras”, expresó al referir que en todos los casos se debe investigar y sancionar el delito.
En su intervención, expuso que México cuenta con una coordinación “sin precedentes” entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad.