El Senado de la República analiza una reforma para reconocer expresamente en la ley el “embarazo infantil forzado”, que ocurre entre niñas de 10 y 14 años, ello ante el incremento de casos de violaciones y de matrimonios infantiles en el país.
La senadora Alejandra Barrales, presentó una iniciativa de reforma que establece el reconocimiento de estos casos en el país en donde niñas de 10 años llegan a los servicios públicos del país y en ocasiones no son atendidas como una prioridad a pesar de alto riesgo de sus embarazos.
Asimismo, la reforma establece que las instituciones de salud y educativas y de asistencia social conozcan en todo caso a qué están obligadas, que haya un protocolo de atención para estos casos.
“Garantizarles de inmediato atención médica, psicológica, especializada, acompañamiento a todas estas niñas”, indicó en tribuna la senadora por Movimiento Ciudadano.
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue turnada a comisiones, expone que en México durante 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Son datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINNA.
“Eso nos da un promedio de 22 niñas cada día que enfrentaron un embarazo cuando lo que les tocaba era estudiar, jugar y crecer en un entorno seguro. Empiezo con esta cifra justo porque esto nos obliga a ver algo que hoy, por desgracia, hemos normalizado”, dijo Barrales.
Expuso que el embarazo de una niña entre 10 y 14 años de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia y como una decisión consentida de la niña. Por su edad, por su desarrollo, estas niñas están en especial vulnerabilidad. Todo esto frente al acoso y a la violencia sexual.
Y aseguró que necesitan una respuesta inmediata y necesitan además una respuesta distinta de las instituciones. Dijo que en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, una niña de apenas 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y con complicaciones muy graves.
Este año en Matamoros, Tamaulipas también atendieron a una niña de 11 años con 5 meses ya de embarazo. 5 meses de embarazo de esta jovencita, de esta niña, que, acusó, fueron productos, sin duda, de violencia sexual.
“En este caso, la interrupción se hizo conforme a los protocolos legales y a los protocolos médicos con los que se cuenta. Y eso es justo lo que hoy tenemos que garantizar, que cuando se presenten estos casos, haya protocolos, haya legalidad y haya una norma para poder atender a todas estas niñas”, concluyó.
La iniciativa busca que las autoridades cuenten con lineamientos claros para actuar ante estos casos, desde la detección de la violencia sexual hasta la atención médica y psicológica de las menores. Con ello, se pretende evitar que la falta de coordinación institucional retrase la protección de las niñas y garantizar que reciban atención especializada conforme a sus derechos y a la legislación vigente.
Propone Senadora reconocer en ley el embarazo infantil forzado
